El Gobierno de Canarias ha exigido oficialmente al Estado información urgente sobre los recursos y los plazos para la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Así lo aprobó el Consejo de Gobierno el lunes a raíz del informe presentado por Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, que evidencia la ausencia total de datos recibidos a 12 días de la entrada en vigor de la normativa.
Esta petición se suma a la carta enviada el 26 de mayo por el presidente Fernando Clavijo al jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, donde muestra la preocupación conjunta con Euskadi sobre las consecuencias del nuevo reglamento para ambos territorios. Clavijo insta a Sánchez a convocar de forma inmediata a todas las comunidades autónomas para informar sobre la aplicación inminente del pacto y sus repercusiones directas en Canarias, territoria fronterizo al sur de Europa.
Incertidumbre por el impacto en Canarias
En su comunicación, el presidente canario expone que el pacto europeo genera una “gran incertidumbre” en el archipiélago, especialmente debido a que los periodos de espera para los migrantes podrían prolongarse por los controles impuestos por la nueva legislación. Este cambio podría convertir a Canarias en un ‘taponamiento’ migratorio con miles de personas retenidas y una presión significativa sobre los centros de atención y acogida, que ya se encuentran saturados.
El informe aprobado este lunes, que incorpora aportaciones del Foro Canario de la Inmigración, recalca que, con la entrada en vigor del Pacto el 12 de junio de 2026, “Canarias no ha sido tenida en cuenta ni informada sobre cómo afectará a las islas”. Además, “a día de hoy desconocemos las condiciones específicas de su despliegue en España y su impacto en las comunidades más afectadas, como Canarias”, señaló Candelaria Delgado.
Exclusión y petición de recursos
Ante esta situación, el Ejecutivo canario reclama a las instituciones competentes, principalmente al Ministerio del Interior, que facilite información detallada sobre la dotación de recursos previstos para afrontar las necesidades específicas. También demanda que los recursos no se detraigan de políticas ordinarias clave como la sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, empleo, formación, seguridad e infraestructuras.
Delgado recordó en rueda de prensa que Canarias, como región ultraperiférica y frontera sur de la UE, ha soportado una intensa presión migratoria, con la llegada de 165.562 personas en 3.216 embarcaciones entre 2020 y 2025. Además, bajo tutela del Gobierno permanecen 2.989 menores migrantes no acompañados, lo que eleva la presión sobre el sistema autonómico de protección.
Participación indispensable del Gobierno canario
La consejera subrayó que Canarias ha sido excluida en el diseño del Plan Nacional y exige su participación en los mecanismos de seguimiento y control de las condiciones de acogida. Según Delgado, “la participación del Gobierno de Canarias no debe ser solo consultiva, sino una condición necesaria para anticipar impactos, coordinar respuestas y preservar la cohesión social”.
Además, alertó sobre la continua pérdida de vidas humanas en la ruta atlántica, una de las más peligrosas, donde 1.906 personas fallecieron en 2025 intentando llegar a las costas canarias, según datos de ONG como Caminando Fronteras.
La consejera concluyó que esta colaboración es fundamental para que la aplicación del pacto europeo se ajuste a las singularidades territoriales, sociales, económicas e institucionales del Archipiélago, anticipando necesidades y facilitando un seguimiento eficaz.
