El Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), que representa a más de 100 organizaciones del Tercer Sector, ha elaborado un informe tras visitar Canarias en enero de 2026. El documento señala que será un “desafío monumental” garantizar las garantías procesales para migrantes, especialmente menores y personas vulnerables, ante los procedimientos acelerados y fronterizos previstos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
La entidad pide una mayor cooperación entre la comunidad autónoma y el Estado para asegurar una actuación coordinada y adecuada en la acogida de menores solicitantes de asilo, destacando las dificultades que genera la saturación de centros y la falta de solidaridad de otras regiones.
Problemas en la aplicación del pacto y demandas del Gobierno de Canarias
En el informe se reconoce que el pacto europeo aporta ciertas facilidades para un acceso más rápido a los procedimientos de asilo y la atención a personas con necesidades especiales, en particular menores. Sin embargo, subraya “importantes preocupaciones” sobre la capacidad del sistema para realizar procedimientos fronterizos y mantener la infraestructura necesaria en regiones como Canarias, que funcionan como frontera europea.
El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, coincidió en que este pacto precisa de más solidaridad, financiación y protección efectiva a los menores, además de contemplar la dimensión atlántica de la migración. “Quienes gestionamos el reto migratorio en primera línea debemos participar en las decisiones”, aseguró.
Caraballo advirtió que en los tres meses desde que está en vigor, el pacto ha demostrado con ejemplos como Ceuta que no es la solución más adecuada para las crisis migratorias. El Ejecutivo canario reclama que los traslados urgentes de migrantes desde Canarias a la península continúen para evitar la concentración desproporcionada de presión sobre los sistemas fronterizos.
Desafíos estructurales en el sistema de acogida y protección
El Consejo Europeo destaca que el sistema de asilo español cuenta con una arquitectura institucional consolidada y una inversión continuada, junto a esfuerzos para ampliar la capacidad de acogida y asegurar garantías procesales. No obstante, existen desafíos estructurales tanto en el procedimiento de asilo como en los sistemas de protección de menores.
Entre los problemas detectados está la ampliación del tiempo que pueden permanecer los migrantes en Canarias, que ha pasado de unos 30 días a hasta seis meses tras la entrada en vigor del Pacto Europeo y el Reglamento de Triaje, lo que complica la gestión en un territorio ultraperiférico y fragmentado.
“No podemos convertir al archipiélago en un territorio de espera e incertidumbre para quienes llegan huyendo de una situación difícil”, remarcó Octavio Caraballo, evidenciando la necesidad de evitar demoras prolongadas para los migrantes en Canarias.
Acceso a la información y condiciones para menores no acompañados
El informe alerta sobre un acceso tardío a la información sobre el procedimiento de asilo y la existencia de cuellos de botella persistentes en la presentación de solicitudes, factores que amenazan la protección oportunamente efectiva. También se destacan dificultades en la calidad y disponibilidad de servicios de interpretación, así como en las entrevistas de asilo y el control de calidad de los procesos.
Respecto al sistema de acogida, la situación de menores no acompañados sigue siendo crítica. A pesar de los esfuerzos realizados, persisten las medidas de emergencia, desigualdad en las condiciones de acogida y dificultades para garantizar traslados ágiles, dotación suficiente de personal y estándares uniformes de protección infantil.
El Consejo recomienda que las autoridades españolas aseguren que todas las personas que lleguen por vía marítima reciban información clara sobre su derecho a solicitar protección internacional desde su llegada y establezcan un mecanismo formal para registrar las manifestaciones de intención de solicitar asilo en los CATES o centros de cribado.
