El documento establece un marco común basado en cinco principios e incluye ejemplos prácticos para la organización de eventos, la adquisición de equipos electrónicos y mobiliario y la ejecución de obras Zapata destaca la compra pública como palanca para extender productos más duraderos y eficientes
La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, mediante la Dirección General de Calidad Ambiental y con la colaboración de la Universidad de La Laguna y Gesplan, presentó el 22 de julio de 2026 el documento «Orientaciones para la contratación pública circular en Canarias». Esta herramienta tiene como fin facilitar la incorporación progresiva de criterios de economía circular en los procesos de compra y contratación de las administraciones públicas del archipiélago.
La iniciativa forma parte de la Estrategia Canaria de Economía Circular 2021-2030 y del Plan de Acción de Economía Circular 2024-2026, reafirmando el compromiso de las islas con las metas del Pacto Verde Europeo. En concreto, el documento desarrolla la medida dirigida a integrar criterios de economía circular en la contratación pública y en las subvenciones, para establecer un marco común que apoye decisiones de compra más sostenibles en las administraciones.
La contratación pública como motor de transformación
El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, subrayó que “la contratación pública debe convertirse en una palanca para transformar el mercado y extender el uso de productos y servicios más duraderos, eficientes y con un menor impacto ambiental”, recordando que esta representa entre el 15% y el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) regional.
Además, Zapata indicó que “las administraciones públicas no solo prestan servicios y ejecutan políticas, sino que también tienen una importante capacidad de compra. Cada contrato representa una oportunidad para reducir el consumo de materias primas, prevenir la generación de residuos, fomentar la innovación y apoyar un modelo económico más sostenible para Canarias”. Por ello, “queremos poner a disposición de los órganos de contratación una herramienta útil, rigurosa y adaptada a la realidad de las administraciones canarias”.
Por su parte, el director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, resaltó que este trabajo “supone dar un paso más en responder a las demandas del sector productivo canario”, que durante el proceso participativo del Plan de Acción solicitó potenciar la contratación circular para valorar los productos hechos en Canarias de forma sostenible.
Montañés añadió que el documento dota a los técnicos que gestionan los procedimientos de contratación de herramientas sólidas para actuar con seguridad jurídica y evitar la judicialización. Subrayó que “no se trata de incorporar requisitos ambientales indiscriminadamente, sino de seleccionar criterios vinculados al objeto del contrato, proporcionados, compatibles con la libre competencia y verificables durante la ejecución”.
Cinco principios y aplicación práctica en sectores clave
Las orientaciones establecen un marco común basado en cinco principios para incluir criterios de economía circular en todas las fases del proceso de contratación. Se promueve el análisis del ciclo de vida de los productos y servicios, el uso de criterios objetivos y verificables, y la incorporación de requisitos adaptados, respetando siempre los principios de igualdad, libre competencia y proporcionalidad.
Según el equipo redactor, las orientaciones no ofrecen una fórmula única para todos los contratos, sino un método que permite seleccionar los criterios más adecuados según las características de cada prestación. El objetivo es que los órganos de contratación puedan identificar los impactos ambientales y decidir en qué fase incluir cada criterio para mayor eficacia.
El documento también contiene ejemplos prácticos para facilitar su aplicación principal en cuatro ámbitos: organización de eventos, adquisición de equipos electrónicos, compra de mobiliario y ejecución de obras. En estos sectores se proponen medidas para favorecer la durabilidad y reparabilidad, reutilización de materiales, reducción de residuos y un uso eficiente de recursos.
Montañés señaló que “estos ejemplos permiten pasar de los principios generales a su aplicación práctica y servirá como punto de partida para que cada órgano adapte los criterios a sus necesidades y capacidades técnicas”.
Segunda fase de participación y futuro compromiso
El documento inicia ahora una segunda fase de trabajo durante el segundo semestre de 2026, con un proceso participativo que incluirá a administraciones públicas, órganos de contratación, servicios jurídicos y otros agentes para validar las orientaciones y facilitar su implantación progresiva en Canarias.
Esta fase se potenciará en el próximo Plan de Acción de Economía Circular 2027-2029, que prevé acciones de formación y despliegue de herramientas de apoyo para las administraciones públicas.
En sus declaraciones finales, Zapata afirmó: “la economía circular debe incorporarse de manera transversal al funcionamiento de las administraciones. Con este documento damos un primer paso para que la sostenibilidad deje de ser solo un objetivo general y se convierta en un criterio concreto y verificable dentro de la contratación pública en Canarias”.
