El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un paquete de ayudas dotado con 7,2 millones de euros para apoyar al sector primario e industrial del Archipiélago ante el encarecimiento del transporte y los insumos, consecuencia directa del conflicto bélico en Oriente Medio. Estas medidas, anunciadas en el Parlamento de Canarias el 14 de abril de 2026 por el consejero Narvay Quintero, responsable de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, forman parte de un programa más amplio financiado inicialmente con 29,8 millones de euros, que podría aumentar hasta los 60 millones anuales si la crisis persiste.
Medidas específicas para compensar los costes en producción agrícola, ganadera y pesca
En la última sesión parlamentaria, Narvay Quintero explicó que el decreto ley aprobado el 7 de abril de 2026 en Consejo de Gobierno incluye una partida inicial de 3,6 millones de euros para apoyar la actividad agrícola, ganadera y pesquera en Canarias. Esta cantidad se distribuirá en tres líneas principales: 1,74 millones para compensar los sobrecostes de insumos agrícolas, con ayudas que oscilan entre 50 y 222 euros por hectárea según isla y tipo de superficie; 1,31 millones destinados a paliar el encarecimiento de los piensos ganaderos, con un máximo de 150.000 euros por beneficiario; y 540.726 euros para cubrir gastos adicionales logísticos y energéticos del sector pesquero, con ayudas que pueden alcanzar los 20.000 euros por buque y 40.000 euros por armador.
El discurso del consejero destacó la necesidad de “actuar con rapidez, recursos y con un reconocimiento real de nuestras singularidades para defender a nuestro sector primario con garantías”. Subrayó que en un territorio ultraperiférico como Canarias requieren “instrumentos ajustados para proteger a quienes sostienen la producción, el abastecimiento y el empleo”. En este sentido, señaló también que el decreto contempla medidas complementarias como el tipo 0% de IGIC en combustibles y productos básicos y la devolución reforzada del impuesto sobre combustibles para agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.
Reivindicaciones y medidas adicionales planteadas al Estado
Además de las ayudas autonómicas, el Gobierno de Canarias ha solicitado al Estado que implemente medidas complementarias para reforzar la economía insular. Entre las peticiones figura la actualización de partidas presupuestarias en transporte, agua y agricultura, así como el aumento de la financiación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) y del límite de ayudas de minimis, actualmente fijado en 50.000 euros por beneficiario en tres años fiscales.
Quintero</strong también destacó la importancia de cubrir al 100% los costes del transporte para el sector platanero, una obligación contemplada en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias que, según indicó, “no se está cumpliendo en la actualidad”. Otras demandas incluyen la flexibilización de las reglas fiscales para permitir a las comunidades autónomas adoptar medidas extraordinarias, la introducción de una bonificación estatal en el precio del combustible, la reducción de la carga fiscal en el IRPF para compensar la pérdida del poder adquisitivo y la creación de un fondo específico para sectores productivos vulnerables.
Impactos del conflicto en la producción canaria y medidas estructurales
El consejero también detalló los principales efectos del conflicto en Oriente Medio sobre la producción local, entre ellos el aumento de costes en ganadería, por la subida de precios de las materias primas para los piensos; la encarecida adquisición de insumos agrícolas como fertilizantes y productos químicos; y el incremento del precio del transporte marítimo debido a fletes más elevados y al alza de los combustibles.
Añadió que esta situación afecta también a la exportación de productos canarios, como el queso y el vino que se comercializan en Estados Unidos, debido a la inestabilidad comercial y el subida de costes logísticos. Frente a esto, el Gobierno ha trasladado al Estado propuestas para generar un reglamento específico que permita maniobrar más allá del actual reglamento europeo de minimis, o bien para ampliar sus umbrales, con el fin de facilitar ayudas acordes a las necesidades reales del Archipiélago.
