El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el 22 de octubre el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026, con un límite de gasto no financiero de 12.491 millones de euros. Esto representa un incremento del 7 % con respecto a las cuentas de 2025, equivalentes a 813 millones de euros más, destinados principalmente a reforzar las políticas sociales.
Inversiones en sanidad, educación y vivienda
Del total previsto, más de 8.000 millones de euros se destinan a servicios públicos esenciales como sanidad, educación, servicios sociales y acceso a la vivienda. El Servicio Canario de Salud recibirá 4.833 millones, un aumento del 5,2 % respecto a 2025, con un alza de más de 240 millones de euros. La educación crece un 7,4 %, hasta alcanzar 2.313 millones de euros, con un incremento que dobla al del año anterior.
El gasto en bienestar social se fija en 824 millones de euros, con un aumento del 8,2 %, y la partida para el Instituto Canario de la Vivienda sube un 14,9 %, hasta los 197,5 millones. La transición ecológica y energía será otro de los sectores con mayor crecimiento, con un presupuesto que aumenta un 44,8 %, hasta los 454 millones de euros.
Contexto económico y cumplimiento fiscal
El presupuesto se ha elaborado con base en una tasa de crecimiento del PIB del 3,3 %, la última oficial disponible, aunque la consejera de Hacienda, Matilde Asián, destacó que la regulación actual limita el crecimiento económico aceptado para las cuentas públicas, lo que impide impulsar mayores incrementos.
Canarias mantiene una deuda pública de 6.680 millones de euros, equivalente al 10,4 % del PIB, y cumple con las reglas fiscales vigentes. No obstante, Asián reclamó al Gobierno central la adaptación del marco normativo español a la legislación europea más flexible vigente desde abril de 2024, que permitiría flexibilidad en la regla del gasto y el uso del superávit para atender mejor las necesidades canarias.
Mejoras fiscales para facilitar el acceso a la vivienda
Una de las prioridades de este Ejecutivo es el acceso a la vivienda, que se refleja en la mejora de las deducciones fiscales en el IGIC y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de vivienda habitual. Las novedades incluyen la ampliación de la edad máxima para beneficiarse de estas deducciones hasta los 40 años y la subida del importe máximo de la vivienda a 200.000 euros, con condiciones más beneficiosas para familias numerosas.
Las rentas máximas para acogerse a las bonificaciones fiscales se incrementan significativamente, pasando de 24.000 a 46.445 euros (individual) y de 34.000 a 61.770 euros (tributación conjunta) en el IGIC; y estableciendo límites similares en el ITP, con aumentos adicionales por cada persona a cargo que permita aplicar el mínimo familiar. La consejera señaló que “el anterior nivel de renta hacía impracticable su aplicación y no estaba repercutiendo en la población”.
Otras medidas tributarias y plazos
En el ámbito del IRPF, se aplicará una deflactación del 2,1 % en la tarifa autonómica, ajustada al IPC, y se elevarán los límites máximos de renta para deducciones autonómicas. Además, se crea una deducción fiscal para la inversión en acciones de empresas de reciente creación, con deducciones del 20 % o 30 % según el tipo de entidad.
Respecto a impuestos indirectos, se aumenta del 7 % al 15 % el IGIC a las bebidas energéticas, y se aplican tramos variables en las bebidas refrescantes según su contenido en azúcares. Las camas hospitalarias pasan a tributar al 0 % como aparatos sanitarios. También se incrementan los tipos impositivos en ciertos productos del tabaco y se modifica la tributación de bolsas de nicotina.
El impuesto sobre combustibles experimenta cambios: se elimina el AIEM porque ya no se producen carburantes en Canarias, pero se introduce un tipo específico del 1 % en el IGIC para la entrega e importación de combustible. Por otro lado, el aceite vegetal hidrogenado será considerado biocarburante con tipo 0 % de IGIC. Para las islas no capitalinas se mantiene la bonificación extraordinaria y temporal del precio final del combustible derivado del petróleo.
Tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, el proyecto de ley se entregará el 30 de octubre al Parlamento de Canarias, donde comenzarán los trámites para su entrada en vigor el 1 de enero de 2026.
