El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó en julio de 2026 una moción para que el Estado desbloquee las obras en la playa de Benijo, afectada por desprendimientos desde hace dos años. El proyecto, con presupuesto de 2,2 millones de euros, cuenta ya con financiación y permisos autonómicos, pero el Estado mantiene la paralización.
Una moción aprobada con mayoría en el Ayuntamiento
En el pleno ordinario de julio de 2026, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó una moción que insta al Estado a desbloquear la rehabilitación de la playa de Benijo. La iniciativa salió adelante con 21 votos a favor y dos en contra tras la negativa estatal a permitir el inicio de las obras para recuperar este espacio costero en la zona de Anaga.
El proyecto de restauración había sido tramitado por la vía de urgencia y ya cuenta con financiación aprobada y autorización de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias.
Informe estatal cuestiona la declaración de urgencia
Sin embargo, esa misma semana, la Dirección de Costas del Gobierno de España emitió un informe en contra de la autorización otorgada por el Gobierno canario. Este documento cuestiona, entre otros aspectos, la declaración de urgencia para la realización de las obras.
Ante esta situación, la moción insta al Estado a no paralizar el proyecto del aseguramiento del talud en la playa, además de impulsar las mejoras en accesibilidad para que este espacio público pueda ser usado por los vecinos en el menor tiempo posible.
Daños en la playa y respaldo institucional
La playa de Benijo lleva cerrada por desprendimientos durante dos años y su rehabilitación es una demanda histórica del municipio. El Ayuntamiento encargó y aprobó un proyecto para la recuperación que cuenta con un presupuesto de 2,2 millones de euros, además de solicitar la financiación correspondiente al Gobierno de Canarias.
Desde el pleno municipal se subraya la importancia de proteger los espacios litorales y se señala que el Ayuntamiento ha cumplido con su labor. Asimismo, destaca que todas las administraciones canarias están alineadas con el proyecto aprobado, quedando la responsabilidad en el Estado para que se avance en su ejecución.
