El Parlamento de Canarias aprobó el 22 de julio de 2026 la Ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, una iniciativa que surge del Decreto ley 3/2025, de 21 de abril, promovida por las consejerías de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. La ley pretende responder a la emergencia habitacional en las islas reduciendo los tiempos de gestión administrativa, aumentando el suelo destinado a vivienda protegida y asequible, y ofreciendo nuevos mecanismos para facilitar la construcción con garantías jurídicas.
Medidas para acelerar la gestión municipal y ampliar el suelo disponible
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, destacó que esta ley representa «un paso decisivo para eliminar los obstáculos que durante años han ralentizado la construcción de vivienda en Canarias». Asimismo, valoró el trabajo parlamentario que enriqueció el texto con aportaciones de los grupos políticos y administraciones locales.
Entre las novedades, la ley establece mecanismos de colaboración con los ayuntamientos para agilizar la concesión de licencias urbanísticas sin perder la competencia municipal ni el control público. Los municipios podrán incorporar informes técnicos elaborados por entidades acreditadas o por sus propios medios para reducir los plazos sin renunciar a la legalidad.
Además, la norma permite utilizar suelos terciarios, industriales o comerciales para uso residencial cuando sea viable, y facilita la finalización de edificios y urbanizaciones inacabadas para destinarlos a vivienda protegida. También autoriza la construcción de vivienda protegida en suelos dotacionales y públicos, e impulsa la edificación industrializada para reducir los tiempos de ejecución.
Vivienda asequible incentivada para nuevos perfiles sociales
La ley introduce la figura de la vivienda asequible incentivada, destinada a familias con ingresos superiores a los límites de acceso a la vivienda pública pero que no pueden afrontar los precios libres. Este modelo privado en alquiler contará con rentas limitadas, criterios de acceso regulados y supervisión del Instituto Canario de la Vivienda.
Pablo Rodríguez afirmó que «esta ley marca un antes y un después porque actúa sobre el principal problema que teníamos: el tiempo. De poco sirve disponer de suelo o financiación si las viviendas tardan años en construirse».
Rodríguez también explicó que la ley combina la agilización administrativa con instrumentos para poner más vivienda protegida y asequible en el mercado utilizando suelo ya transformado, edificios inacabados o parcelas sin desarrollar, sin consumir territorio nuevo.
Colaboración institucional y compromiso social para superar la emergencia habitacional
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, remarcó que esta ley transmite un mensaje claro: «Canarias no puede permitirse que la burocracia siga frenando el acceso a la vivienda». Destacó que la norma es resultado de la colaboración entre ambas consejerías y que pone a la administración al servicio de la ciudadanía para facilitar el acceso a la vivienda.
También se incluyen mecanismos para facilitar la ejecución anticipada de viviendas protegidas, agilizar la actividad de cooperativas y reforzar la función social del parque público, estableciendo criterios de adjudicación que prioricen a quienes más lo necesitan con transparencia y garantía de arraigo en las islas.
Manuel Miranda subrayó que el objetivo de la ley es «construir más viviendas, hacerlo antes y garantizar que lleguen a quienes realmente las necesitan» para avanzar en la respuesta a la emergencia habitacional.
Respeto a la autonomía municipal y garantías jurídicas
La ley mantiene el respeto a la autonomía de los ayuntamientos, que conservan las decisiones esenciales sobre planeamiento, cambios de uso y concesión de licencias, a la vez que aseguran garantías en materia de seguridad, habitabilidad y accesibilidad.
Con esta normativa, el Gobierno de Canarias refuerza su estrategia para aumentar la oferta de vivienda protegida y asequible mediante la simplificación administrativa, la colaboración entre administraciones y el aprovechamiento eficiente del suelo ya disponible, sin generar un mayor consumo de territorio.
