La consejera Candelaria Delgado exige al Estado que amplíe la financiación para atender a menores migrantes no acompañados en Canarias, donde la situación de emergencia persiste.
El Gobierno de Canarias, representado por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, solicitó este jueves 16 de julio que el Estado incremente los fondos destinados a la atención de los menores migrantes no acompañados debido a la insuficiencia de los recursos actuales para afrontar la emergencia en el Archipiélago.
Demanda de mayor financiación ante la emergencia migratoria
En el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, Delgado defendió que el Gobierno central aumente la partida prevista en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados y reactive la aportación extraordinaria de 100 millones de euros que se destinó el pasado año para la aplicación del real decreto-ley que modificó la Ley de Extranjería.
La consejera explicó que, aunque la prórroga presupuestaria dificulta la incorporación de nuevas partidas, existen precedentes, como el incremento en el sistema de dependencia, para que el Estado pueda habilitar financiación adicional. Enfatizó que Canarias mantiene una situación de contingencia migratoria al estar acogiendo a más del triple de los 783 menores que le corresponderían según los criterios oficiales.
“Estamos atendiendo a un número de menores muy superior al establecido en el sistema de reparto, por lo que es necesario que la financiación estatal se adapte a la realidad asistencial que soporta Canarias”, afirmó Candelaria Delgado.
Preocupación por la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo
La consejera mostró preocupación ante la puesta en marcha del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que será tratado en una conferencia sectorial específica la próxima semana. En particular, demandó claridad sobre la figura del defensor de los derechos del menor, que debe asistir a los menores migrantes no acompañados desde su llegada a las costas durante el proceso de identificación.
Delgado criticó que, hasta el momento, las comunidades autónomas desconocen cómo se implantará esta función, que el Ministerio plantea que puedan desempeñar profesionales de la abogacía bajo el sistema de justicia gratuita, sin que se hayan aclarado quién asumirá su financiación. Por eso, reclamó que las comunidades participen en el diseño del modelo y conozcan con antelación los criterios de aplicación, enfatizando la necesidad de contar con seguridad jurídica y financiación suficiente antes de su entrada en funcionamiento.
Impulso al modelo Barnahus para víctimas menores de violencia en Canarias
Durante la Conferencia Sectorial también se abordó la implantación en Canarias del modelo Barnahus para la atención integral a menores víctimas de violencia. Según informó Delgado, el Gobierno regional está desarrollando una hoja de ruta con proyectos piloto, formación profesional y coordinación institucional para incorporarlo al sistema de protección infantil, alineado con la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).
Destacó que el Juzgado de Instrucción nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria fue el primero en España especializado en atención a menores víctimas de violencia y que, tras varios años como proyecto piloto, se consolidó como sección especializada debido a su eficacia y volumen de casos.
A partir de esta experiencia, se proyecta extender el modelo por todas las islas, creando espacios donde profesionales de diferentes ámbitos (jueces, psicólogos, médicos y trabajadores sociales) trabajen coordinadamente para reducir el impacto judicial sobre los menores. Se incorporan además herramientas técnicas como sistemas de grabación de alta calidad para evitar repetir testimonios y programas de apoyo con perros que disminuyen el estrés durante las diligencias judiciales.
