La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a regularizar ilegalmente ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo falsos, en una operación desarrollada en la provincia de Almería. La red llegó a cobrar entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente falso, sumando un fraude a la Seguridad Social superior a 100.000 euros.
Captación y falsificación de contratos
La operación «Lutasanol» se saldó con la detención del principal captador de la trama y la investigación de otros tres presuntos implicados: dos administradores de una empresa utilizada para la actividad fraudulenta y un gestor laboral que colaboraba con la red. Los agentes registraron el local que funcionaba como centro de operaciones, donde se incautó abundante documentación, nóminas falsas, identificaciones, anotaciones manuscritas y dinero en efectivo presuntamente procedente de los cobros a las víctimas.
La investigación, iniciada en 2025, reveló que la organización captaba a extranjeros que buscaban obtener o renovar sus permisos de residencia y trabajo en España. Ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes para presentar documentación aparentemente legal ante la administración a cambio de importantes sumas económicas que oscilaban entre 4.500 y 10.500 euros.
Fraude y extensión interprovincial
Los agentes constataron que esta red realizaba altas en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara tales contratos, lo que supuso un fraude superior a 100.000 euros y la posible obtención indebida de prestaciones y subsidios públicos.
Además de en Almería, la red desplegaba sus actividades en Murcia y puntos de las provincias de Albacete, Huelva, Granada y Málaga. La organización contaba con roles establecidos entre captadores, encargados de gestionar la documentación, y asesores especializados en dar apariencia de legalidad a la operativa ilegal.
Esta estructura criminal facilitó ilegalmente más de un centenar de expedientes de regularización, explotando las necesidades de ciudadanos extranjeros que intentaban normalizar su situación administrativa en España. El detenido ejercía funciones de captador, mientras que los investigados administraban la mercantil y gestionaban el despacho profesional desde lugares tan distantes como Santa Cruz de Tenerife, Madrid y Almería.
Investigación y coordinación judicial
La operación fue desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y el Puesto Principal de El Ejido, bajo la dirección del Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza nº 5 de El Ejido (Almería).
Para obtener más información, la Guardia Civil ha habilitado los teléfonos 950256122 y 680411337 de su Oficina Periférica de Comunicación en Almería.
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