El Gobierno de Canarias extiende hasta el 4 de junio la presentación de documentación para ayudas que suman 2,3 millones de euros destinadas a la ordenación del territorio
La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias ha ampliado hasta el 4 de junio, inclusive, el plazo para la presentación de la documentación para la convocatoria de subvenciones para la actualización del planeamiento municipal. Manuel Miranda, consejero del área, explicó que esta decisión responde a solicitudes de varios ayuntamientos y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que pidieron más tiempo para presentar la documentación con las garantías necesarias.
Se trata de una convocatoria con un presupuesto de 2,3 millones de euros destinada a impulsar la ordenación del territorio en Canarias. El objetivo es apoyar a los ayuntamientos para que desarrollen políticas vinculadas a la vivienda, la cohesión territorial y la mejora de equipamientos en las zonas con más necesidades.
Apoyo económico para actualizar el urbanismo municipal
Onán Cruz, director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, destacó que la convocatoria cubre los gastos derivados de la redacción, actualización o modificación de instrumentos de ordenación urbanística como planos generales, parciales, especiales o catálogos de protección e impacto, así como programas de actuación sobre el medio urbano.
Además, esta línea presupuestaria incluye un tratamiento diferenciado para los municipios que enfrentan el reto demográfico, definidos como aquellos con menos de 10.000 habitantes y con menores recursos humanos y económicos para llevar a cabo estas tareas.
Recuperación del programa y resultados en municipios canarios
Esta convocatoria, recuperada por el actual Gobierno de Canarias, ha beneficiado ya a 35 municipios que han podido acceder a subvenciones que superan en conjunto los 8 millones de euros. Para Manuel Miranda, se trata de “una apuesta estratégica del Gobierno porque permite ordenar el crecimiento, desarrollar suelo para vivienda y equipamientos, y en definitiva, habilitar políticas públicas con impacto territorial”.
