El consejero Pablo Rodríguez solicita que el Estado transfiera antes de julio los 42 millones del Plan Estatal para garantizar las actuaciones previstas este año
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha reclamado este jueves en Madrid la transferencia de los 42 millones de euros correspondientes a la anualidad de 2026 del Plan Estatal de Vivienda, con el fin de asegurar la ejecución de los proyectos y ayudas previstas para la segunda mitad del año.
En la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, Rodríguez destacó que la recepción de estos fondos antes del 1 de julio permitirá cumplir con la planificación anual establecida. La directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Pino de León, también participó en esta reunión.
Financiación estatal y reparto actual en Canarias
El Plan Estatal de Vivienda establece una financiación para Canarias de 222,6 millones de euros a cinco años (2026-2030), equivalente al 5,30% del total nacional. A esta cantidad se suma una aportación del Gobierno regional por valor de 148,4 millones de euros.
Para 2026, el desglose del reparto estatal de los 42 millones se distribuye en un 40% para construcción de vivienda, un 30% para rehabilitación y otro 30% destinado a políticas de vivienda.
Revisión de criterios y actualización de parámetros
Tanto Pablo Rodríguez como Pino de León instaron al Estado a revisar los criterios de reparto de fondos para Canarias, que actualmente se basan en indicadores desfasados de renta per cápita correspondientes a 1991. Según Rodríguez, estos parámetros no reflejan la realidad económica, social y demográfica actual del archipiélago, lo que limita la efectividad de las ayudas.
El consejero insistió en que la evolución de Canarias en los últimos 35 años requiere incorporar indicadores que tengan en cuenta las particularidades del territorio y la diversidad de necesidades sociales. Por este motivo, el Gobierno ha solicitado al Ministerio que permita modular los límites de reparto para adaptarlos al perfil real de las personas que necesitan apoyo público para acceder a una vivienda.
