La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, expuso este martes 14 en el Parlamento de Canarias las mejoras en los indicadores sociales gracias a las medidas implementadas por el Gobierno regional. Asimismo, reclamó un mayor compromiso financiero del Gobierno de España para alcanzar un avance sostenido en la erradicación de la pobreza en el Archipiélago.
Delgado señaló que, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), dependiente del Estado, Canarias ha experimentado una reducción notable en los principales indicadores de vulnerabilidad social, si bien remarcó la necesidad de recursos estatales para continuar esta tendencia. “Queremos seguir mejorándolos, pero para eso necesitamos la financiación adecuada por parte del Gobierno de España”, afirmó la consejera.
Mejoras en la tasa AROPE y otros indicadores sociales
El INE refleja que en Canarias la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) ha disminuido del 38,3 % en 2021 al 31,9 % en 2026. Por su parte, la tasa de riesgo de pobreza se ha reducido del 28,4 % al 22,9 % y la carencia material y social severa ha bajado del 13,5 % al 10,7 %.
En cifras absolutas, estas mejoras representan 120.014 personas menos en situación AROPE y 105.787 menos en riesgo de pobreza en el Archipiélago. Además, el indicador de baja intensidad laboral se ha reducido del 21,3 % al 12,4 %, lo que equivale a 185.655 personas menos con dificultades para mantener un empleo estable.
Los informes de FOESSA y Cáritas también apuntan hacia un descenso de la exclusión social, que ha pasado del 29,2 % al 25,5 %, y una reducción aún más marcada de la exclusión severa del 14,3 % al 9,3 %.
Reclamaciones al Gobierno de España y propuestas del Decreto Canarias
En su intervención, Candelaria Delgado insistió en que el Ejecutivo autonómico defiende que el Estado asuma un mayor compromiso financiero en la lucha contra la pobreza mediante la puesta en marcha de medidas concretas recogidas en el llamado Decreto Canarias.
Entre las principales demandas se encuentra la cogestión del Ingreso Mínimo Vital para eliminar “vacíos y laberintos burocráticos” que dificultan su acceso. También propuso una financiación estatal estable mientras los niveles de pobreza en el Archipiélago sigan por encima de la media nacional, junto con la cofinanciación de la dependencia y la cesión de suelo público estatal para vivienda protegida.
Otra medida destacada es la dotación de 28 millones de euros anuales para garantizar la gratuidad de plazas en educación infantil de 0 a 3 años, con el objetivo de atacar la desigualdad desde la infancia y fomentar la igualdad de oportunidades. Delgado subrayó que “el debate no es si hay dificultades, sino si existe voluntad real de impulsar soluciones concretas entre todas las Administraciones”.
Incremento del presupuesto para políticas sociales y la Renta Canaria de Ciudadanía
La consejera subrayó también que el presupuesto para la Dirección General de Servicios Sociales en 2026 alcanza los 184,64 millones de euros, un 9,2 % más que en 2025, por encima del aumento medio de las cuentas autonómicas. Este incremento se destina a fortalecer un modelo de inclusión activa frente al asistencialismo.
En este contexto, se prevé que la Renta Canaria de Ciudadanía cuente con 113,3 millones de euros en 2026 y beneficie a 13.000 hogares. La prestación ha sido revalorizada en más de un 30 % desde el inicio de la legislatura, pasando la cuantía para un adulto solo de 565,37 euros mensuales a 733,60 euros, y llegando a 1.115,07 euros en una unidad monoparental con un menor.
Además, la red de servicios sociales municipales recibe un impulso con 97 millones de euros del Plan Concertado que atiende a unas 450.000 personas, junto a 45 millones destinados a personal. Se añade la concertación social con el tercer sector, que financia a cinco años 236 proyectos que atienden a 261.000 personas.
Estas cifras evidencian el compromiso del Gobierno de Canarias para continuar disminuyendo la vulnerabilidad social mediante políticas públicas eficaces, a la vez que piden el respaldo y la financiación necesarios de las administraciones estatales para mantener esta mejora.
